Cuando Ben Carson afirmó en 2016 que Estados Unidos no debía esconderse tras la “corrección política” ni banish God del espacio público, muchos vieron un ataque frontal a la separación entre Iglesia y Estado. Aquello parecía entonces una exageración teocrática; hoy, suena casi moderado.
Ayer, el presidente Donald Trump volvió a ir más lejos al respaldar a su Comisión de Libertad Religiosa, un órgano dominado por líderes cristianos conservadores que sueña con “olvidarse” de la separación Iglesia‑Estado y redefinir a EE. UU. como nación cristiana oficial. Sus iniciativas incluyen más oración y símbolos religiosos en escuelas públicas, actos de oración masivos financiados en parte con dinero público y un relato gubernamental que presenta la fe cristiana como centro de la identidad nacional.
Lo que antes eran frases polémicas en boca de un candidato, hoy se está convirtiendo en política de Estado. La pregunta ya no es si la religión debe influir en la vida pública, sino si estamos dispuestos a aceptar que un credo, bendecido desde el poder, marque la ley y la conciencia de todos.